Las sociedades del siglo XIX en buena parte del mundo se encontraban profundamente quebradas y convulsionadas. Durante aquel siglo XIX se consolidó la economía política capitalista e impactó profundamente a un rico cuerpo de actividades productivas como el artesanado de diversos países del mundo. En este contexto de aceleradas transformaciones aquellos y aquellas personas que sufrían violentos procesos expropiatorios y expulsiones de la vida civil comenzaron a pensar y accionar diversos procesos de asociaciones colectivas que fueron cimentando lo que en Europa se conoció como los seguros de la vida o el problema de la felicidad pública o en Estados Unidos como la seguridad social. Estos fenómenos sociales del siglo XIX fueron gestando lo que actualmente conocemos como sistemas públicos de seguridad social bajo lógicas que hoy nos parecen obvias como una gestión estatal centralizada, que supone una compresión de derecho universal y un financiamiento mediante impuestos en diversas modalidades. Sin embargo, estos tres engranajes de los sistemas públicos de cobertura universal parecían impensados durante el siglo XIX. Hoy, la Renta Básica Universal vive un fenómeno parecido.
Trazar la idea de renta básica puede variar dependiendo del autor/a situándola incluso en la Grecia de Pericles y sus medidas públicas para la participación política de los denominados pobres libres. Pero, más allá de la historia de las ideas, en la actualidad y debido a la destrucción de las bases de estabilidad del mundo laboral diseñado y luchado durante todo el siglo XX, la Renta Básica Universal se vuelve una política de primer orden en la reorganización de nuestros sistemas públicos de seguridad social. La pregunta obvia sería: ¿Por qué hoy cobra tanta importancia?
Al menos dos aspectos son inevitables de abordar para entender su relevancia actual: (1) La crisis del diseño de políticas públicas focalizadas y subsidiarias y, (2) la precarización del mundo del trabajo actual.
La crisis del diseño de políticas públicas focalizadas y subsidiarias
Una de las principales reingenierías sociales de gran escala que se implementaron desde 1980 en buena parte del mundo fue la creación de nuevas políticas públicas para la seguridad social y superación de la pobreza. A diferencia de lo que consignó la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 25, este nuevo diseño promovería una “des-universalización” de las coberturas estatales de seguridad social y, al mismo tiempo, un nuevo diseño burocrático de control, seguimiento y evaluación de fondos especialmente creados para específicos grupos de población que los recibían de forma individual o a través de mediadores privados. Esto no quiere decir que antes de este proceso no existieran criterios públicos de focalización, la diferencia radica en que se transformó en el diseño por excelencia de las políticas públicas y se atacó de forma virulenta los diseños universales por ser altamente costosos e ineficientes.
Tras al menos 30 años de implementación y resultados de estas políticas la prometida disminución del estado y sus aparatos burocráticos se transformó en un crecimiento sostenido del mismo y una burocratización mayor de la registrada en otras décadas bajo nuevas figuras. De esta forma, tanto el costo como la eficiencia de estas políticas no ha obtenido sus propósitos fundantes y solo ha contribuido a desfinanciar los sistemas públicos universales o simplemente trasladar fondos públicos a empresas privadas. Es precisamente en este escenario que la Renta Básica juega con ventaja. ¿Por qué?
La Basic Income European Network (BIEN) define a la Renta Básica como un pago periódico en efectivo que se entrega incondicionalmente a todos de manera individual, sin necesidad de prueba de recursos o trabajo. Es decir, el ingreso básico tiene las siguientes cinco características:
- Periódico: se paga a intervalos regulares (por ejemplo, cada mes), no como una subvención única.
- Pago en efectivo: se paga en un medio de intercambio apropiado, lo que permite a quienes lo reciben decidir en qué lo gastan. Por lo tanto, no se paga en especie (como alimentos o servicios) o en cupones destinados a un uso específico.
- Individual: se paga individualmente, y no, por ejemplo, a los hogares.
- Universal: se paga a todos, sin prueba de medios.
- Incondicional: se paga sin un requisito para trabajar o para demostrar disposición a trabajar.
Son estos dos últimos elementos de la definición, claves para reconfigurar las políticas públicas del siglo XXI. En buena medida, la posibilidad de real de reducir gastos innecesarios y al mismo tiempo asegurar el bienestar social se puede abordar al reducir o hacer desaparecer una serie de controles de prueba que conllevan un enorme gasto de tiempo laboral y dinero estatal. Controla, monitorear, chequear y luego validar que alguien es pobre conlleva un costo enorme junto con promover una estigmatización social que inhibe a muchos y muchas a acceder a estas prestaciones sociales
Esta Renta Básica, entendido en términos de universalidad e incondicionalidad, es una medida que se complementa con las políticas sociales y redistributivas de los Estados de Bienestar que el movimiento de trabajadoras y trabajadores conquistaron durante el siglo XX y que los gobiernos neoliberales han constantemente buscado restringir y desarticular. En esa disputa entre el capital que busca liberar áreas para expandir la acumulación (servicios sociales), y el trabajo que busca desmercantilizar las dimensiones claves de la reproducción social para liberarse de los lazos de dependencia al capital, la Renta Básica es una herramienta que emege con fuerza para inclinar la balanza a favor del trabajo.
La precarización del mundo del trabajo actual
Esta ampliamente difundida la expresión con que el académico David Graeber ha denominado a muchos de los empleos actuales: trabajos de mierda. Este tipo de trabajo son vistos como inútiles por las propias personas que los desarrollan y no son más que fuentes de ingresos que se encuentran fuera de cualquier tipo de realización personal.
Junto a lo anterior, el acceso a empleos mal pagados ha extendido un tipo particular de trabajador/a: el trabajador/a pobre. Este tipo de trabajador/a tiene jornadas completas de trabajo, pero aun así su salario no le permite dejar de ser pobre. Junto con ello, la relación laboral misma se ha debilitado, bajo fórmulas de flexibilización del trabajo, que legaliza vínculos laborales sin contrato o encubiertos en formas de prestación de servicios de todo tipo. Esta situación ha ido dejando progresivamente fuera de los servicios de seguridad social a una masa enorme de trabajadores/as que se ven expuestos a enfermedades o cobros privados excesivos y con sindicatos estériles, y con ello, el principio en que se fundan las sociedades capitalistas modernas, esto es, la meritocracia y el esfuerzo individual, se torna irrisorio.
En un mundo laboral altamente amenazado la Renta Básica es un escudo de protección que habilita la libertad de los y las trabajadoras de optar o rechazar un trabajo de mierda; con este sustento garantizado de sus necedidades básicas, los y las trabajadoras pueden ejercer su voluntad de no aceptar trabajos con salarios de pobreza o no ceder ante presiones por vínculos laborales sin condiciones contractuales claras y legales. En este sentido, la Renta Básica permite que trabajadores/as recuperen, en parte, su libertad y su poder para decir que no frente a una oferta que las y los somete a relaciones laborales de explotación y miseria.
En definitiva, la Renta Básica es una medida económica vital para los desafíos políticos, económicos y culturales de nuestras sociedades y su impacto debe apuntar precisamente a reorganizar los actuales diseños de políticas públicas que han permitido el crecimiento corrosivo de sociedades altamente desiguales y profundamente explotadoras.
Necesitamos una Renta Básica pero no bajo cualquier diseño. Necesitamos una Renta Básica Universal e Incondicional que cargue a los más ricos y beneficie a toda la población.
