Atendiendo a los recientes sucesos de Minneapolis, los que a causa de un abuso policial derivaron en el asesinato de George Floyd, el mundo ha sido testigo del enorme estallido social desatado en distintas ciudades de Estados Unidos, en el contexto de la actual pandemia global originada por la rápida propagación del COVD19. Lo que catalizó este hecho es el hastío del abuso elitario y la persistente desigualdad que impide vivir con dignidad a las amplias mayorías abusadas de ese país, sufridas especialmente por segmentos poblacionales afrodescendientes, latinos y migrantes de otros orígenes geográficos en la tierra que prometió el sueño americano.
Ciertamente, las masivas movilizaciones que surgieron de manera espontánea en ciudades como Minneapolis, Chicago, New York, Seattle, Los Angeles, Philadelphia, Boston, Detroit, Atlanta, entre muchas más, no dejan de recordarnos por qué surgieron en Sudamérica los estallidos sociales de Ecuador, Colombia y Chile en 2019. Sin duda, nuestro país -cuna del experimento neoliberal de Friedman- ha soportado más allá de lo que la tolerancia popular puede, una enormidad de abusos y extrema desigualdad que también han sido avaladas por un régimen policiaco abusivo que ha criminalizado durante los últimos 20 años diversos movimientos sociales, como los estudiantiles, los de los trabajadores, las mujeres y nuestros pueblos originarios. Los sucesos acaecidos desde octubre ilustran cómo la policía ha “perfeccionado” la eficacia de sus métodos represivos avalada por un Estado capturado por elites nacionales y transnacionales que concentran riqueza y reproducen desigualdades.
Por esta acción policial el país ha debido lamentar muchas muertes de hombres y mujeres mapuche, más allá del asesinato de Matías Catrileo y Camilo Catrillanca que son a los que habitualmente se alude. Al momento de redactarse esta editorial, el país ha sido testigo del fallecimiento de Alejandro Treuquil, werken de la Comunidad Autónoma We Newen, bajo circunstancias que están siendo aún investigadas, pero teniendo como antecedente el hecho de que el werken había denunciado hostigamiento y acoso policial en la comunidad días antes de morir.
Estado policial, racismo y capitalismo del desastre en Estados Unidos
Dice Stevie Wonder, en la estrofa inicial de “Black man”, que el primer hombre en morir por la bandera que izan hoy los estadounidenses fue un hombre negro. El músico aludía en esa canción de 1976 al ejemplo de Crispus Attucks, reconocido frecuentemente como el primer héroe de la Masacre de Boston (acaecida el 5 de marzo de 1770), un martirologio inscrito dentro de los hitos emancipatorios que llevarían a la independencia de los Estados Unidos en 1776. Doscientos años después, Wonder también afirmaba que el bicentenario estadounidense planteaba la posibilidad histórica de reconocer que fueron muchos y muchas los hombres y las mujeres, y de diversas adscripciones socio étnicas, quienes contribuyeron a esa formación nacional. Revolucionarios independentistas caucásicos, esclavos africanos y afrodescendientes, los pueblos indígenas que habitaban esas tierras al ser conquistadas las Américas, inmigrantes asiáticos, europeos, judíos, moros y latinos. Todos ellos algo hicieron para forjar ese país. Stevie Wonder invocaba entonces a la tolerancia y la armonía entre los habitantes de Estados Unidos, señalando en una frase que este mundo fue hecho para todos (“this world was made for all men”).
Lo más cierto es que más allá de estos nobles anhelos humanistas, la realidad interna de los Estados Unidos hacia mediados de la década de 1970, además de potencia hegemónica mundial subyugando al tercer mundo, y ya establecida como una república independiente y frecuentemente tildada como la “cuna de la democracia” y la libertad, distaba enormemente de ostentar esos pergaminos, y la tónica que realmente definía su clave era y sigue siendo un cúmulo de contradicciones arraigados en los aspectos socio raciales que caracterizaron su origen nacional.
A partir de la declaración de la independencia, Estados Unidos instaló instituciones políticas y económicas democráticas, incluyendo una carta constitucional, que dirigirían al país hacia su inserción en el modo de producción capitalista moderno, sustituyendo parcialmente el modo colonial. Parcialmente, pues la esclavitud no fue abolida. Esto se lograría casi a noventa años de declarada la independencia en plena Guerra de Secesión, durante el gobierno de Lincoln mediante la Decimotercera Enmienda a la Constitución. El sur derrotado y caracterizado por haber sostenido desde la colonia una economía primaria, de plantación, perdía en principio una alta dotación de mano de obra no remunerada con la abolición de la esclavitud. El norte vencedor iniciaba un proceso de cambio estructural orientado al transporte, los servicios financieros y una incipiente industrialización.
Los afroamericanos habían luchado en la Guerra de Sececión por una cuestión de emancipación. Para ellos, el capital industrial del Norte no era socio de un mismo proyecto, sino aliado temporal para derrotar a la clase esclavista y emanciparse política y económicamente. En efecto, su lucha era tanto por el reconocimiento de igualdad civil, como pregonaba la Enmienda, como por garantizar una base material de existencia independiente que hiciera que esa igualdad civil no terminara en papel mojado. La demanda afroamericana, expresada en la Orden Especial No. 15 de 1865 proclamada por el General de la Unión William Tecumseh Sherman y defendida tenazmanete por los Republicanos Radicales del momento, era clara: cada familia debería tener garantizada “40 acres (1) y 1 mula”.
Dicha exigencia, tan simple a primera vista, tenía consecuencias en extremo radicales. Era, al mismo tiempo, tanto anti-esclavista como anti-capitalista. Eliminaba de raíz las bases materiales de la dominación esclavista del Sur en tanto exigía una gran reforma agraria, pero a su vez restringía el espacio para la proletarización del Sur que el Norte necesitaba para expandir la acumulación capitalista. La pequeña propiedad agrícola, base material para una independencia civil efectiva y sostén económico para que la Enmienda cumpliera su objetivo, se levantaba como un freno tanto al pasado esclavista como al proyecto capitalista.
Fue precisamente esa radicalidad que hizo que la medida de “40 acres y 1 mula” fuera tan duramente rechazada por las elites triunfantes del Norte. La medida nunca vio la luz y el mundo afroamericano sufrió la primera gran traición por parte del capital industrial emergente. La traición les brindó igualdad civil, pero sin la base material para que dicha igualdad se manifestara concretamente. Los antiguos amos seguirían siendo los principales propietarios de tierras, y los afroamericanos sus trabajadores.
Lo que siguió durante el siglo XX es una larga historia marcada por linchamientos de afrodescendientes a manos de grupos de blancos supremacistas (el Ku Klux Klan), desplazamientos de ciudadanos negros a los estados del norte, la elevada diferenciación salarial según color y la discriminación etno-racial intersecada con las discriminaciones de clase y género: Harriet Martineau, gran defensora del movimiento abolicionista estadounidense observó esa vinculación de abusos en la década de 1830. A estos hechos se agregan la segregación mediante la conformación de ghettos, y por mucho tiempo la privación del derecho a sufragar. Pero si hay un hecho insoslayable, que los resquicios de la enmienda han permitido, es el establecimiento de un estado policial y carcelario permanente que persigue, reprime, encarcela y asesina a mujeres y hombres afrodecendientes en lo cotidiano.
Esto es lo que Angela Davis ha llamado un nuevo sistema de esclavitud basado en el control social y racial, y que en términos prácticos ha quitado efectividad a la Ley de Derechos Civiles conquistada a partir de las fuertes luchas que dieron el Movimiento por los Derechos Civiles, el surgimiento del Black Power y los Black Panthers y líderes como Martin Luther King y Malcolm X durante los años 1950 y 1960. Para revertir lo ganado por los afrodescendientes y establecer ese control socio racial, Nixon instaló la doctrina de la ley y el orden (“law and order”) que ha continuado operando de distintas formas hasta la gobernación Trump. El estado policial y carcelario instalado por esta doctrina ha permitido generar una poderosa industria mediante la creación de cárceles privadas, empresas que les proveen insumos y servicios de alimentación y médicos para los reclusos, así como el beneficio de corporaciones que producen sus mercancías con los llamados prision jobs (empleos en prisión). Surge así un capitalismo del desastre, como el descrito por Naomi Kleim, creado ideológicamente para justificar una cultura de encarcelamiento masivo que rinde crecientes beneficios. ¿Qué otra cosa puede explicar el hecho de que a principios de los años 1970s había 300 mil prisioneros y hacia mediados de los 2010s más de 2 millones?!
Así visto, el capital siempre necesitará justificar cómo crear valor de la manera más simple posible explotando la fuerza de trabajo de diversas masas humanas o apropiándose de recursos naturales rentísticamente acumulados, de las maneras más brutales, revistiendo invariablemente todo esto con invocación a los valores más nobles y proclives a la idea de “progreso” humano, sin mediar en ello el dolor y la sangre derramados en esos procesos.
América Latina no es ajena a esto
El problema étnico racial que opera en Estados Unidos es un caso práctico que ilustra cómo opera la explotación del capital. Necesita un estado policial permanente, no para resguardar a los ciudadanos sino para preservar el funcionamiento de ese mecanismo. Ejemplos contemporáneos igualmente brutales son fáciles de encontrar en la historia, por ejemplo, el asesinato de Stephen Biko en septiembre de 1977, el valiente activista sudafricano asesinado por la policía del Apartheid, y cuya historia es relatada en la notable película Grito de libertad, de 1987 protagonizada por Denzel Washington.
América Latina no es ajena a este mecanismo, sabemos cómo operan los intereses forestales y de sectores energéticos que recurren al estado policial para criminalizar las reivindicaciones del Wallmapu demandando la recuperación de las tierras usurpadas. En 2016 Macarena Valdés, muerta según informes forenses por suicidio, y esposa del vocero de la Coordinación Newen Tranguil, Rubén Collío, se destacó por realizar una fuerte oposición a la construcción de una central de paso a cargo de la empresa hidroeléctrica RP Global Chile. Luego su deceso, la empresa comenzaría sus labores levantando cables de alta tensión acompañados de carabineros, frente a la casa de Macarena y Rubén. Trewa, obra de teatro dirigida por la dramaturga Paula González, relata documentadamente estos hechos. Aquel mismo año, bajo móviles similares, Berta Cáceres, dirigenta indígena lenca y férrea opositora a proyectos hidroeléctricos en Honduras, también fue asesinada. En Argentina, las comunidades mapuche viven cotidianamente el mismo asedio policial y reivindican las mismas demandas que en Chile. La desaparición de Santiago Maldonado, activista de la causa mapuche en este país, en agosto de 2017, luego de un allanamiento realizado por Gendarmería Nacional en la comunidad de Cushamen, relevan nuevamente el papel de los estados policiacos en la región. En 2018, Marielle Franco, activista feminista y de derechos humanos y concejala del PSOL, fue asesinada en Rio de Janeiro el 14 de marzo, luego de criticar el accionar de la policía militar de esa ciudad y haber denunciado por Twitter el asesinato del joven Matheus Melo a manos de la policía, quien hacía abandono de una iglesia para tener sin saberlo ese encuentro con la muerte ni mucho menos por qué.
Las múltiples formas de pobreza, desigualdad y, al fin y al cabo, de abuso en contra de la dignidad de amplias mayorías humanas que habitan y quizás puedan habitar este mundo, en beneficio de las minorías propietarias que dan la gobernanza al capitalismo global, no pueden tolerarse más. Recurriendo al canto de Violeta, enormemente caudaloso ha sido ya ese río de sangre que corre por los contornos del mundo, a causa de esas injusticias y abusos.
(1): 1 acre equivale a 0.5 hectáreas
*Fotografía destacada corresponde al memorial de George Floyd, y fue sacada de Aframnews.com.
