Solo Estados Unidos, de entre los países más ricos del mundo, carece de un sistema de seguridad social universal e integral. Esto se debe, en gran medida, a la oposición ideológica de parte de las élites del Partido Republicano. Les tomó casi setenta años a los demócratas alcanzar la amplia, pero aún no universal, cobertura entregada por la Affordable Care Act (Acta de Cuidado de Salud Asequible (1); ACA por sus siglas en inglés) – contra una oposición republicana unánime. Los republicanos han continuado saboteando la ACA, bloqueando exitosamente la expansión de la cobertura entregada por Medicaid en diecinueve estados. El plan principal del GOP (2) para el Medicare es transferir los costos a los adultos mayores. Se han resistido a la plena financiación del Seguro de Invalidez de la Seguridad Social, e insisten en que el único plan aceptable para asegurar la estabilidad financiera de la Seguridad Social es reducir los beneficios. Mientras tanto, treinta y tres estados, casi todo liderados por el GOP, han recortado los programas de compensación a trabajadores desde el 2003, a menudo de forma dramática.
¿Qué explica esta extrema hostilidad hacia la seguridad social? La seguridad social y Medicare son programas populares, incluso en las bases del GOP. Los líderes republicanos, sin embargo, tienden a ver la seguridad social como un programa socialista o comunista diseñado para socavar la propiedad privada y el libre mercado. Los argumentos que esgrimen pueden ser rastreados hasta el economista austriaco Friedrich Hayek, cuyo libro de 1944, El camino a la servidumbre, nos advierte que el surgimiento de los regímenes socialdemócrata de Europa nos dirigía hacia una pendiente resbaladiza que nos llevaría al totalitarismo. Adaptado a un libro ilustrado distribuido ampliamente por la General Motors a mediados de la década del cuarenta, El camino a la servidumbre ha alimentado a la oposición por décadas. Ronald Reagan, probablemente inspirado por Hayek, grabó un disco para la Asociación Médica Americana en 1961, oponiéndose a Medicare, en el cual predecía que esto conduciría a que el Estado le dicte a las personas qué trabajos deben realizar y dónde vivir y trabajar.
Las ironías del rechazo a la seguridad social son abundantes. Las críticas del conservadurismo hacia la seguridad social reflejan una profunda incomprensión de su relación con la propiedad privada. La seguridad social, tanto en lo teórico como en lo práctico, surge en defensa de la propiedad privada y contra las amenazas comunistas y socialistas. Explorar estos orígenes es esencial ahora porque contienen importantes enseñanzas que nos ayudarán a fortalecer la seguridad social para encarar los desafíos del capitalismo post-industrial.
Thomas Paine, el gran revolucionario estadounidense, propuso el primer plan realista del mundo para abolir la pobreza. Lo que él concibió fue un seguro social universal y la provisión de activos para toda la ciudadanía , descrito en el panfleto de 1797, Justicia agraria. (La relación de este trabajo con programas de seguridad social posteriores no está olvidada en la Social Security Administration, la cual reproduce el texto en su página web.) Paine dirigió su propuesta a los líderes de Inglaterra y Francia como una “tercera vía” entre la Leyes Inglesas de Pobres y el comunismo revolucionario. El ingenio de su plan se aprecia de mejor manera si se compara con estas dos formas alternativas de configurar los derechos de propiedad y demandas distributivas.
Francia recientemente había lidiado con el primer complot revolucionario comunista de la historia, orquestado por Franҫois-Noël “Gracchus” Babeuf. Por medio de su Conspiración de los Iguales, Babeuf planeó derrocar al Directorio, comité que gobernó Francia durante 1795 y 1799, cuando este fue destituido por Napoleón. Babeuf intentó reemplazar al gobierno con un nuevo sistema en donde la propiedad privada, los mercados y el dinero fueran abolidos; la producción colectivizada en comunas estatales y lo producido distribuido entre los ciudadanos en partes estrictamente iguales. El estado determinaría qué trabajos realizaría cada persona y, adelantándose a la Revolución Cultural China y a Pol Pot, enviaría a los habitantes de las ciudades a comunas rurales donde aprenderían tanto la virtud comunista como la del trabajo bajo el ojo vigilante del estado.
Previendo los peligros de la aspiración individualista, la codicia y la competencia por el estatus, lo que inspiraría a los más productivos a exigir una repartición desigual del ingreso, Babeuf sostuvo que su plan requería de un control total del pensamiento, la educación, la cultura, los medios y el consumo por parte del estado para así poder suprimir la competencia por el estatus e inculcar, de esta manera, la ideología igualitaria. Babeuf defendía estas medidas radicales porque creía que la institución de la propiedad privada era la causa fundamental de la pobreza. Creía que antes que la propiedad fuera privatizada, toda la población mantenía la tierra en común y nadie era pobre. Sostuvo que cualquier reconocimiento a la propiedad privada conduciría a un régimen de desigualdad injusta y empobrecimiento masivo.
Sin embargo, mucho antes que Babeuf y sus seguidores intentaran eliminar la pobreza por medio del comunismo, Inglaterra intentó abordar el problema mediante el sistema de Leyes de pobres, codificado primero bajo el régimen Tudor y revisado en muchas ocasiones desde entonces. Estas leyes se caracterizaron por brindar subsidios sujetos a la verificación de los ingresos, la estigmatización, al principio de ‘menor elegibilidad’, los requerimientos de trabajo y regulación estatal de la pobreza. La verificación de los ingresos sometía a los pobres a indagaciones humillantes sobre sus medios de manutención. La ‘menor elegibilidad’ significaba que la manutención que el pobre podía recibir tenía que ser menor al sueldo del trabajador con menor paga – una fórmula diseñada para determinar a los potenciales solicitantes de asistencia y asegurarles solo la subsistencia básica.
La asistencia a los pobres imprimía en sus beneficiarios la degradante chapa de la dependencia. El desempleado apto para trabajar era a menudo forzado a trabajar en hospicios bajo el estigma de la presunción de ser demasiado holgazán para trabajar a menos que se le obligara. Allí eran confinados bajo el gobierno totalitario de supervisores en condiciones que apenas diferían de la esclavitud y se les negaban los derechos civiles. La ideología de las Leyes de Pobres racionalizó estas medidas tan duras basadas en la idea de que la pobreza era inevitable – en el caso de la discapacidad o la muerte de los trabajadores aptos al interior de las familias – o causadas por vicios como la pereza, alcoholismo, apuestas y una vida sexual licenciosa. (Todo esto es fácilmente reconocible en las políticas de bienestar para los pobres en Estados Unidos, en particular en la reforma “welfare to workfare” de 1996 (3)).
Paine reconoció que tanto el esquema de Babeuf como las Leyes de Pobres de Inglaterra eran indignantemente injustas. El comunismo de estado derogaba violentamente los derechos fundamentales de los individuos a la libertad y los frutos de su trabajo. Las Leyes de Pobres de Inglaterra también socavaban las libertades de los pobres y les infligían sufrimiento y humillación. Ningún régimen era compatible con la democracia. Se requería una tercera forma de encarar la pobreza, una que fuese compatible con la libertad individual, dignidad universal, ciudadanía democrática equitativa y justicia distributiva.
Paine partió por realizar un análisis de las causas fundamentales de la pobreza. Contrario al razonamiento de las Leyes de pobres, Paine negó que la pobreza fuese inevitable o causada por el vicio. Y contrario a Babeuf, Paine rechazó que la propiedad privada provocara inherentemente la pobreza. La dificultad yacía en la distribución de reclamaciones de los derechos sobre los ingresos derivados de la propiedad. Los sistemas de propiedad privada ofrecen dos maneras de obtener ingresos: salario producto del trabajo y rentas provenientes de la propiedad (incluyendo intereses y ganancias). Sin embargo, no todos pueden trabajar. No todos los seres humanos están capacitados para trabajar por considerables periodos de sus vidas, y algunos no están capacitados siquiera para trabajar. Si el trabajo no les puede proveer ingresos a todos, entonces la manera de asegurar que ninguno sufra pobreza es asegurando que todos accedan a un derecho a rentas. Y en principio, todos deberían:
“La tierra, en su estado natural de desnudez era, y siempre tendría que seguirlo siendo, la propiedad común de la raza humana; que en ese estado, todas las personas habrían nacido para la propiedad; y que el sistema de propiedad de la tierra…había concentrado la propiedad de todos aquellos a quienes desposeyó, sin ofrecer, como debió haber sido, una indemnización por aquella pérdida”.
Por tanto, Paine propuso acabar con la pobreza reconfigurando el sistema de los derechos de propiedad. La propiedad, sostuvo, debería incorporar un esquema de seguridad social, incluyendo pensión a la tercera edad y seguro por incapacidad. Todos deberían, por derecho, poseer esta propiedad. Además, propuso proveer activos para los adultos jóvenes. Estas medidas serían financiadas por un 10% de impuestos al patrimonio de la tierra y a la propiedad personal.
Las características fundamentales de su plan eran la generosidad, universalidad y derecho social. La generosidad implica que los pagos del seguro social deberían ser suficientes para evitar la pobreza, no simplemente para evitar que mueran de hambre. La universalidad aseguraba a todos una cuota de participación en el sistema y evitaba las humillaciones y violaciones de privacidad enlazadas a medios de comprobación. El derecho social significaba que todos podrían exigir pagos como si fuera un derecho de propiedad, deviniendo en una exigencia de justicia antes que caridad: en consecuencia, borra el estigma de dependencia. Estas características aseguran la independencia de toda persona adulta, sin que haya alguien forzado a renunciar a su propia libertad como condición de subsistencia.
Paine justificó el derecho de seguridad social como una forma de propiedad privada apoyándose en las premisas ideadas por John Locke, filósofo liberal quien había influenciado fuertemente a los revolucionarios estadounidenses. De acuerdo a Locke, los individuos podían reclamar el título de la tierra común si la trabajaban. Los individuos tienen derecho a los frutos de su trabajo y, por ende, al valor agregado por su trabajo de la tierra. Sin embargo, Paine sostuvo que no tienen derecho al valor subyacente de los recursos naturales, los cuales no producen sino que los aprovechan para su propio beneficio. Para compensar esta apropiación, los terratenientes les deben una renta a los demás. Esta renta puede ser pagada por medio de un impuesto al patrimonio. Pero con los impuestos sobre el valor de la tierra no explotada no se podía sostener un seguro social lo suficientemente generoso para evitar la pobreza, por lo que Paine incluyó la propiedad personal (mayoritariamente de las viviendas) en la base del impuesto al patrimonio. Este impuesto no le quitaría injustamente el fruto de su trabajo a las personas, ya que el valor de la vivienda depende de la disponibilidad de la cercanía de los bienes públicos, trabajos y comercio, los que se deben a la sociedad y no al dueño de la propiedad individual. Para motivar a que los ricos aceptaran su plan, Paine señaló los peligros de la revolución comunista, tal como lo demostró Babeuf.
Menos de un siglo después, el seguro social se hizo realidad bajo el mandato de Otto von Bismarck, canciller alemán y primer ministro de Prusia. Durante la década de 1880, Alemania institucionalizó el primer seguro de salud, pensiones de vejez y planes de compensación a los trabajadores. Y Bismarck no fue socialista. De hecho, promovió la famosa Ley Anti Socialista que prohibía las reuniones y correspondencia entre socialistas y autorizaba a la policía a deportar a los líderes socialistas de sus ciudades. Tanto para Bismarck como para Paine, el seguro social se erigió como defensa contra la revolución comunista y socialista, y como prueba que un sistema de propiedad privada y mercados podrían proveer un estándar de vida decente y seguridad para todos.
El sistema de Bismarck fue distinto al de Paine en su fuente de financiamiento y estructura beneficiaria. Los ingresos provenían de los impuestos a los salarios y no de la propiedad. Allí donde Paine propueso beneficios planos repartidos igualitariamente, la pensión y los beneficios por discapacidad diseñados por Bismarck fueron clasificados de acuerdo a las contribuciones de cada pagador. El esquema moderno, más cercano al de Paine fue desarrollado por el economista socialista William Beveridge, quien en 1942 instó al gobierno británico a establecer un programa de seguridad social financiada por ingresos generales con una estructura beneficiaria plana.
A medida que los países ricos adoptaron los programas de seguridad social durante el siglo veinte, casi todos adoptaron el esquema de Bismarck por sobre el de Beveridge, mientras que otros pasaron del último al primero. Esto porque los esquemas de Bismarck disfrutaban de varias ventajas. Primero, los ricos preferían que los programas se financiaran a través del salario y no de las rentas, por lo que los trabajadores sostenían los costos. (A pesar de las apariencias, en los Estados Unidos los costos de la contribución del empleador al Seguro Social y Medicare recae principalmente sobre los trabajadores). Segundo, financiar los beneficios por medios de los salarios imponía un gran obstáculo político contra la desviación de ingresos para los trabajadores hacia otras prioridades. Tercero, los beneficios obtenidos de acuerdo a las contribuciones también son populares porque los beneficios planos y bajos son muy pequeños para recibir el apoyo de las clases medias, que pueden asegurarse una protección por sus propios medios ante esos niveles bajos de protección social. Finalmente, los beneficios de acuerdo a las contribuciones brindan seguridad adicional ante la potencial pérdida del estatus de las clases medias, la que resulta difícil de asegurar por medio de inversiones individuales en el mercado financiero sujeto a crecimientos y caídas.
De este modo, si bien Paine trazó el camino promoviendo la seguridad social como un programa de prevención de la pobreza, los actuales esquemas de seguridad social, que siguen el modelo de Bismarck, promueven la seguridad de la clase media. Es por esto de su popularidad a nivel mundial.
Dado lo anterior, tanto en la teoría como en la práctica, la seguridad social surgió como defensa de la propiedad privada y el libre mercado en contra del socialismo y el comunismo. Así visto, es irónico que Hayek viera los programas de seguridad social de su tiempo como una amenaza mortal a los derechos de propiedad y un enorme paso hacia el totalitarismo.
Pero la ironía no acaba aquí. Una lectura más acabada de la obra de Hayek muestra que él apoyó una forma de seguridad social. En El camino a la servidumbre, Hayek sostuvo que “la defensa para que el estado ayude a organizar un extenso sistema de seguridad social es bastante fuerte” y que el estado debería garantizar a cada ciudadano un nivel básico de seguridad. En La Constitución de la libertad (1960), defendió la idea de que una sociedad libre era consistente con el involucramiento del estado en la organización de la seguridad social, junto con contribuciones obligatorias. Los programas de seguridad social que existen hoy en día son peligrosos porque en vez de ofrecer el mismo nivel básico de beneficios para todos, protegen (y no del todo) a los individuos del riesgo de perder su estatus de clase media. En nombre de la libertad, Hayek prefirió el esquema de seguridad social del socialista Beveridge por sobre el de el anti socialista Bismarck.
¿Cómo es que esta diferencia podría evitar que una sociedad libre resbale directo hacia un abismo totalitario? En la explicación que da para ello, Hayek articuló prácticamente casi todas las objeciones que aún perduran hoy en día acerca de la seguridad social.
- Injusticia Inter-generacional. Dado que los planes de seguridad social administrados por el estado se financian en base a un sistema de pago-sobre-la-marcha, pueden, de hecho, pagar más a la tercera edad de lo que podría ser soportado por parte de sus contribuciones. Los pagos generosos reflejan las demandas políticas de los ancianos quienes desean mantener sus altos ingresos. Como consecuencia, esto impone una carga injusta sobre los jóvenes, cuyos pagos de hoy sostienen a los retirados. Hayek predijo que las generaciones más jóvenes se cansarían de dicha coerción, despojarían a los ancianos de sus franquicias y libertades civiles, y los confinarían en campos de concentración.
- Paternalismo. Las altas tasas de imposición necesarias para mantener el acceso a beneficios de acuerdo a las contribuciones individuales le niegan a las personas la capacidad de elegir significativamente entre el consumo actual y futuro, como también de qué manera invertir sus ahorros y elegir entre opciones de servicios de salud. Por el contrario, es el estado quien impone sus juicios paternalistas respecto a qué decisiones debe tomar el individuo. Su verdadero objetivo es que los individuos dependan del estado y no sean responsables por sí mismos – visión contenida en la reciente afirmación de Mitt Romney de que 47% de los estadounidenses dependen de la ayuda del gobierno y no son capaces de asumir la responsabilidad de sus vidas.
- Moralismo. Un sistema de beneficios como el descrito requiere que el estado haga juicios morales sobre quién merece qué. Una sociedad libre determina las distribuciones sobre las bases impersonales y desprejuiciadas de la propiedad y los contratos.
- Medios de comprobación. La única justificación que avala la redistribución de ingresos es asegurar las necesidades básicas de las personas, las cuales solo pueden justificar beneficios mínimos. Más aún, el seguro debería funcionar solo si ocurre el evento asegurado: caer en la pobreza. Se requiere que se demuestre la pobreza. Por lo tanto, incluso la seguridad social debería ser sujeta a evaluaciones, en vez de pagarle a cada persona que se jubila o sufre de incapacidad para trabajar. Esto también reduce las cargas impositivas del sistema.
- Fraude. Describir el ingreso proveído por la seguridad social como “merecido” es fraudulento, ya que quienes lo reciben no lo han pagado sino que simplemente están recibiendo el ingreso generado por otros. Si bien el estado mitiga justificadamente la pobreza, cualquier intento de proteger a las clases medias de descender socialmente debido a la vejez o por enfermedad, implica una injusta redistribución de ingreso de parte de los jóvenes y afortunados hacia los ancianos y desafortunados.
Cada una de estas objeciones pueden rebatirse, algunas en sus propios términos y otras haciendo referencia a lo que Paine entendía como seguridad social: una forma de propiedad de la cual todos los miembros de una comunidad tienen derecho.
El argumento de la injusticia inter-generacional imagina una línea base normativa en que el bienestar de los más viejos depende por completo de ingresos proveídos discrecionalmente por parte de quienes siguen trabajando. Sin embargo, los ancianos siempre han dependido de que los jóvenes los mantengan y siempre han esperado más que un nivel básico de subsistencia si sus hijos lo pueden costear. Los hijos siempre han estado moralmente obligados a mantener a sus padres. La única pregunta es bajo qué medios proveer este mantenimiento. La seguridad social, al colectivizar esta obligación, asegura a los jóvenes contra la irresponsabilidad y la mala suerte financiera de sus padres.
La seguridad social promovida por Bismarck proporciona tres beneficios adicionales para los jóvenes. El primer beneficio es que al seguir aumentando los estándares y consiguientemente los costos de vida, permite que muchos padres vivan en hogares de manera independiente, por lo que no tienen que vivir con sus hijos – la abrumadora preferencia de ambas generaciones hoy en día. Como segundo beneficio, ayuda principalmente a liberar a las mujeres de tener que abandonar el mercado del trabajo asalariado para poder hacerse cargo de sus padres o suegros en el hogar. Tercero, ayuda a eximir a los jóvenes de la carga de tener que lidiar personalmente con las demandas financieras que sus padres impondrían sobre ellos, junto con el resentimiento, la humillación, la culpa, la crítica y la súplica que esto conlleva. Los costos emocionales de la previsión de los ancianos son dramáticamente más bajos cuando esta provisión está mediada por un sistema de derechos garantizados de manera impersonal.
El argumento del paternalismo no reconoce la importancia y la escasez de las relaciones fiduciarias en las finanzas. La mayoría de las personas son ingenuas en cuanto a las finanzas y no tienen intenciones de llevar a cabo la costosa labor de dominar los detalles de las inversiones. Los ahorradores comunes y corrientes tienen pocas razones para confiar en el sector privado en un mundo financiero caracterizado por las extremas asimetrías de información; conflictos de intereses entre los agentes financieros y los principales; débiles o ninguna responsabilidad fiduciaria de los expertos financieros para con sus clientes; innumerables juegos fraudulentos, riesgosos y de suma-cero presentadas como inversiones sólidas; comisiones altas; y mercados inestables. Lanzar los destinos de las personas a ciclos económicos y a las manos de capitalistas especuladores que se jactan de arrojar activos tóxicos sobre viudas y huérfanos ha sido catastrófico, tal como se evidenció en las recientes crisis financieras. La abrumadora popularidad de la seguridad social, y la resistencia a las medidas que intentan privatizarla, como lo fue la propuesta del 2004 de George. W. Bush, refleja la justificada desconfianza en un sistema de pensiones privatizado que puede fallar en entregar la seguridad financiera que los trabajadores exigen. El pueblo ha votado para contratar al estado en vez de actores privados como sus fiduciarios financieros para que se hagan cargo de gran parte de sus inversiones de jubilación y mancomunar sus contribuciones en un fondo común. Esto nos los hace más dependientes del estado de lo que los hace poner sus contribuciones en fondos mutuos que dependen de los asesores financieros privados para administrarlos. Aquellos que disfrutan la posibilidad de personalmente administrar su propio dinero son los suficientemente adinerados cuyos impuestos de la seguridad social los deja con bastante ingreso a discreción para invertir como ellos lo deseen. Decirles a los demás que deben confiar en su propio juicio para invertir es como decirles a las personas que para evitar el paternalismo tienen que hacerse ellos mismos su trabajo dental.
Las objeciones de Hayek al paternalismo, moralismo y fraude malinterpretan la naturaleza de la seguridad social al confundir una forma de derecho a propiedad e ingresos con caridad estatal. Paine vio esta confusión: si los adultos buscan mantener su libertad e independencia personal en contextos donde ya no pueden trabajar o donde el trabajo no paga buenos salarios, necesitan una fuente de rentas, un ingreso de propiedad. De lo contrario, estarán a merced de burócratas entrometidos– los inspectores de los pobres – o estarán subordinados a los caprichos de donadores privados. El seguro social moderno se basa en Paine: está estructurado como un derecho funcionalmente equivalente a una demanda de propiedad sobre un flujo de ingreso. Estos derechos distribuyen ingresos sobre una base impersonal y no discrecional, independiente del juicio de cualquiera sobre lo que un individuo en particular necesita o merece. La seguridad social comparte esta virtud. Dado a que no necesita medios de comprobación, los demandantes no tienen que demostrar sus precariedades ante la sospecha de las autoridades. Tampoco sus demandas dependen del juicio de burócratas respecto a sus cualidades morales. El tamaño de sus demandas está basado en reglas impersonales clasificadas según su registro de contribuciones dentro del sistema.
El llamado de Hayek para exigir medios de comprobación para la provisión de ingresos públicos invita al moralismo y juicio burocrático arbitrario que él mismo censura. Los programas de bienestar que tiene Estados Unidos que impone límites de ingresos para la elegibilidad – incluyendo las Supplemental Security Income, Temporary Assistance for Needy Families, the Supplermental Nutrition Assistance Program (estampillas de alimentos), y Medicaid – fuerza a las personas a depreciar sus bienes e incluso vender sus automóviles como condición para recibir beneficios. No tienen capacidad de ahorrar por sí mismos o para el futuro de sus hijos y están propensos a perder elegibilidad si terceras partes les brindan donaciones. Todas estas regulaciones que son intrusivas, punitivas y vergonzosas, basadas todas en la sospecha de engaño y fraude, atrapan a las familias en la pobreza.
Debido a que Hayek no entiende la seguridad social como propiedad, lo que hace es encajarla en el molde de la caridad de las Leyes de pobres. Insiste en trazar una distinción nítida entre lo que las personas han “merecido realmente” y pagado dentro del mercado, y lo que él consideró como el injusto enriquecimiento de la “redistribución” igualitaria. Sin embargo, la propiedad no es algo que se gana, en términos generales. Paine observó esto y sostuvo que la tierra y otros recursos naturales no son producidos por el trabajo de una persona. El estado decide, a través de leyes de propiedad, quién demanda para sí los recursos naturales. En los Estados Unidos, las demandas originales de tierra y derechos de minería han sido en su mayoría traspasadas. Los bienes producidos por el trabajo de una generación son heredados, no ganados por la siguiente. Incluso cuando bienes como la vivienda son creados por el trabajo de sus dueños, el valor de la vivienda en el mercado tiene menos que ver con dicho trabajo como con actividades que incorporan al conjunto de la sociedad y acuerdos legales, incluyendo leyes de propiedad. El ingreso por la propiedad es también, en términos generales, inmerecido y una función de anteriores leyes de propiedad. Nadie trabaja para recibir sus retornos sobre inversiones pasivas.
Es verdad que el valor de la seguridad social financiada por impuesto a los salarios no está determinado por los mercados, pero esto no es inusual. La propiedad intelectual es bastante parecida. El valor de una invención u obra creativa es una función de la ley de propiedad intelectual, la cual decide qué se considera como derecho de autor, términos de patentes y usos legales. De igual manera, las leyes estatales determinan los flujos de ingresos a los que los individuos están facultados como resultado de sus contribuciones salariales al seguro social. En ningún caso los mercados establecen un parámetro independiente para determinar “ingresos”; ambos están determinados por facultades legales.
La crítica de Hayek a la seguridad social, si bien la hace en nombre de la libertad, es hostil en permitir la independencia personal y autonomía política para todos excepto para los ricos. Para las clases medias, Hayek ofrece inseguridad; para las clases bajas, dependencia. En esta crítica, Hayek se anticipa parcialmente a aquellos libertarios y críticos como Charles Murray, quienes proponen reemplazar prácticamente todos los beneficios del bienestar social y seguridad social con un bajo ingreso básico y universal. Un resultado predecible de este tipo de acuerdo es una distribución bimodal del ingreso, con más personas siendo presionadas a descender al nivel de ingreso básico, mientras la pequeña élite acapara la mayoría de las ganancias. Al igual que el programa impositivo de Jeb Bush, “Right to Rise”, esto implica arrancar los peldaños intermedios de la escalera económica y así poder permitir agregar más peldaños entre los niveles de millonarios y billonarios. Este tipo de distribución y de oportunidad puede ser buena para plutócratas, pero es inconsistente con la democracia. Una democracia fuerte, una que sea responsable con los ciudadanos en general y no solo los ricos, requiere de una clase media inclusiva de casi todos los ciudadanos. La seguridad social de Bismarck ayuda a sostener a esa clase media. Los beneficios bajos y planos no.
Paine vio que la distinción entre dependencia e independencia es una función únicamente de las facultades y derechos sobre la propiedad, y no si uno levantó un dedo para ganar, obtener o pagar por la propiedad que posee. El rico ocioso es considerado como independiente a pesar que su ingreso proviene completamente de inversiones pasivas, especulación en juegos financieros de suma cero y propiedad heredada. ¿Por qué? Solo porque su derecho a la propiedad le permite pagar las cosas que quiere, en vez de verse forzados a implorar por la caridad de un tercero. Desde un punto de vista causal, sin embargo, dependen por completo del trabajo de otros, ya que no producen nada por sí mismos.
Esta es la condición de todos los seres humanos cuando no están en condiciones de trabajar, ya sea que se deba a la juventud, tercera edad, discapacidad, enfermedad o el desperdicio irracional de desempleo involuntario. Caso similar si no están capacitados para trabajar en el sector formal porque están ocupados en el sector de cuidados. Hayek prefirió un sistema en donde todos aquellos que no estén en condiciones de trabajar por un salario no tengan nada más que una mínima red de seguridad en la que apoyarse, accesible solo después de humillarse al mostrar la necesidad personal y sujeta a la autoridad arbitraria y discrecional de un juez moralizante y burocrático. Si no acceden a esta vía, tendrán que vivir a costa del salario de familiares o de la caridad privada. Como muchos otros, Hayek no pudo ver más allá del moralismo sofocante del razonamiento de las Leyes de pobres y, por tanto, confundió libertad con sujeción.
Paine pensó una mejor manera: asegurar que todos tuviesen derechos a un flujo de ingresos suficientes para vivir de forma libre y decente. Es hora de volver a su visión y así poder parchar los hoyos que existen en nuestro actual sistema de seguridad social, el que depende en demasía de acumular un salario decente y sobre contribuciones de impuesto al salario. Las mujeres, que deben limitar su participación en la fuerza laboral para cuidar a los dependientes, los internos sin sueldo, los trabajadores inmigrantes indocumentados, los trabajadores informales, el creciente precariado y los presos que trabajan están completamente excluidos de los beneficios de nuestro actual sistema porque no pagan impuestos al salario, pagan muy poco para recibir beneficios significativos o, en el caso de los inmigrantes indocumentados, no reciben crédito por los pagos que realizan. Al mismo tiempo que avanzamos en asegurar que todos los trabajadores tengan un salario decente, debemos también fortalecer la seguridad social para aquellos que no trabajan, como también para aquellos cuya participación en la fuerza laboral es limitada. Además, nos debemos preparar para la automatización que reducirá drásticamente la demanda laboral. Estas consideraciones reafirman la defensa por suplementar los impuestos al salario con impuestos a la salud, para así expandir los beneficios de la seguridad social y que el acceso a ellos sea realmente universal.
Paine también estuvo en lo correcto al ver que una seguridad social universal y robusta es una característica constitutiva de una economía sana basada en la propiedad privada y los mercados, y no una amenaza a ambos. El capitalismo comenzó con grandes ataques a numerosas formas de derechos de propiedad: primogenitura, derechos comunes, monopolios colegiados, etc. También se ha implicado una amplia innovación en la propiedad, incluyendo la creación de acciones corporativas, propiedad intelectual, derechos al espectro de radiodifusión y muchos tipos de derivados. En la constante redefinición de la propiedad, el capitalismo siempre se ha involucrado con la redistribución. Reconocer esta realidad es un paso importante para superar los obstáculos ideológicos y permitir redefinir los derechos de propiedad en los intereses de todos – no solo del uno por ciento.
Traducción: Francisco Larrabe
(1) También conocida como Obamacare.
(2) Grand Old Party (Viejo Gran Partido). Nombre con que también se conoce al Partido Republicano.
(3) Al respecto se puede revisar el artículo ‘La reformulación del estado del bienestar: el workfare, las políticas activas de empleo y las
rentas mínimas’ de Gorka Moreno Márquez
(http://www.zerbitzuan.net/documentos/zerbitzuan/Reformulaicon%20del%20Estado%20del%20bienestar.pdf)
Original: Bostonreview.net, 25 de julio de 2016 |
