La explosión y efervescencia política que despertó y despierta la Unidad Popular chilena con su programa y triunfo electoral, no siempre es del todo bien contextualizada. La configuración política de nuestro país a lo largo del siglo XX, a pesar de la distancia, estuvo permanente marcada por los impactos de diversos procesos políticos internacionales y dentro de ellos, la primera guerra mundial.
La denominada “gran guerra” determinó un escenario político de post guerra que alteró los marcos constitucionales de diversos países, con un particular diseño en el que la regulación legal de los fines de la propiedad se concentró en la voluntad legislativa, o sea, del parlamento. Reeditando una vieja contienda entre el pensamiento republicano y el liberal, esta vez en favor del primero, desde el cual se concibe que las formas de la propiedad derivan del derecho y no de una supuesta naturaleza desde la cual se argumenta su trascendencia a la democracia.
Nuestro país, tras una compleja década del 20 del siglo pasado, se circunscribe con una nueva Constitución para la época, que se une a constituciones como la de Weimar, la de la II república española, la austríaca, que recogen este principio pro legislación y especialmente la mexicana (1917) precursora en incorporar el criterio regulatorio de la función social frente a la colisión entre el uso privado y el uso común de la propiedad.
Este nuevo escenario constitucional es decisivo para entender las experiencias políticas de alianzas transversales, bajo rótulos comunes como los frentes populares para las fuerzas de izquierda, ya que en el caso europeo significó traer, recién post siglo XX, sistemas democráticos como los que conocemos, gracias a la capacidad del movimiento obrero mundial, y dotar a sus parlamentos de real incidencia política y no actuar en cámaras de vociferación impotentes antes sus monarquías. Para el caso chileno, a su vez, este escenario permitió reorganizar su república oligárquica (cuasi monárquica) impuesta con la constitución 1833 y resistida con cruentas guerras civiles en 1856 o en 1889. En este sentido, el nuevo diseño constitucional permitió que las izquierdas pudieran democratizar de forma radical las vidas económicas de sus países con mayorías parlamentarias; fenómeno que, como se ha dicho, ni en la Europa del siglo XIX y de la primera guerra, o para el Chile de las mismas épocas, era posible de forma parlamentaria afectar en alguna medida la organización económica de la vida a través de diversos procesos como expropiaciones, nacionalizaciones, democratización de la mediana y gran empresa o fomentado el desarrollo de cooperativas, etc.
Chile, a diferencia de los países europeos mantuvo su constitución de 1925, creada con un diseño pro legislatura, hasta la década del 70 y eso explica su excepcionalidad en su época. ¿Por qué? Hay que recordar que tras la segunda guerra mundial emergió un nuevo consenso que ha marcado buena parte de nuestras disputas políticas de los últimos 50 años. Este nuevo consenso, llamado “Estado de bienestar”, se reconfiguró con nuevas constituciones que a diferencia de las constituciones diseñadas post primera guerra mundial mutiló o disminuyó al mínimo la capacidad legislativa para regular la vida económica de sus países con la condición de blindar constitucionalmente derechos sociales para que no puedan ser cambiados por mayorías parlamentarias conservadoras. Este giro, en el ambiente político mundial, dio paso a un nuevo rol del sindicalismo durante esos años, a un aumento en el bienestar en materia de consumo en esos países y a una reconfiguración de las alianzas políticas a nivel mundial. La llamada época dorada del capitalismo.
En Chile, no solo es empíricamente equivocado hablar de la creación de un Estado de bienestar a la europea, sino que además porque nuestro ambiente político, regulado por la constitución de 1925, permitía a las izquierdas chilenas aún en ese contexto internacional no renunciar a un programa radical de control de la vida económica con profundos procesos de nacionalización, expropiación o democratización de las empresas que iba a contrapelo de la experiencia europea, constituyéndose en una contra respuesta política seria y real a la pretensión de extender el nuevo consenso (la tibia Alianza para el Progreso en el caso latinoamericano) de renuncia parlamentaria al control de la vida económica republicana por un pacto de blindaje de derechos.
En este sentido, fue la permanencia de la Constitución de 1925 lo que explica cosas como la particular vitalidad parlamentaria en los años 50 y 60, o el mantenimiento de una interesante y poderosa –en realidad dominante— ala izquierda en el Partido Socialista chileno y el rol de nuestro particular Partido Comunista nacional. Y es finalmente, la posibilidad de que se repitiera en Chile, como en la Europa de entreguerras, un experimento político de gobierno, un frente populista, como el de la Unidad Popular. Tal contexto permite entender mejor por qué tras ocurrido el golpe cívico militar de 1973 es el diseño de una Constitución y en particular – en palabras de Guzmán – “acorazar constitucionalmente la propiedad” fue una de las primeras tareas a las que se abocaron colaboradores del régimen.
Hoy, nos encontramos a pocas semanas de realizar el plebiscito que permitirá o bloqueará la posibilidad de volver a diseñar nuestra Constitución. Una izquierda realista, sensata y radical que quiera tomarse en serio este proceso debería apropiarse de su historia política nacional y mundial con el objetivo de diseñar un marco de regulaciones que blinde derechos, sujete efectivamente la estructura jurídico-institucional al derecho y la democracia, pero que al mismo tiempo sea infinitivamente más radical en fijar regulaciones de control parlamentario que permitan estrangular al sector financiero, y de aglutinar a los nuevos sectores sociales en representaciones políticas confluyentes en mayorías parlamentarias reales.
El escenario nacional actual, con cierta laxitud en el comentario, es también hoy un a contrapelo con el mundo como lo fue la Unidad Popular y tenemos la oportunidad histórica de dar curso al entierro de la terrible y nefasta contra reforma del capitalismo reciente, el llamado neoliberalismo.
