La discusión pública se ha visto inundada por la concreción o no de un eventual retorno a las clases presenciales. Tal discusión, pone a la luz tres grandes temas que nuestro debate educativo nacional viene marcando hace bastantes décadas, pero que poco o nada avanza debido al fuerte vínculo entre política pública y el desarrollo de instrumentos de control y seguimiento centrados en fiscalizar en qué gastan la plata las instituciones educativas más que en desarrollar una educación pública robusta. Estos grandes temas son (1) la infraestructura de nuestros espacios educativos, (2) el estado de la investigación educativa y (3) el cuidado social de niños y niñas.
La determinación de estándares de equipamiento e infraestructura mínimos es un debate que lleva al menos 30 años. Ya en 1987, la División de Políticas y Planeamiento de la Educación de la UNESCO publicó un manual sobre Normas y estándares para las construcciones escolares que recoge aspectos trabajados desde el año 1980, en el cual se abordan estándares de equipamiento mínimos a considerar en espacios diseñados para el aprendizaje.
En el caso de nuestro país, hemos contado con dos normativas recientes. En 1999, la UNESCO en conjunto con el Ministerio de Educación lanzaron una Guía de Diseño de espacios Educativos, en el marco de la implementación de la reforma educacional. En el año 2010, fue emitido el Decreto 560 (que modifica Decreto Nº 548 de 1988) del Ministerio de Educación (2010), que versa sobre las condiciones mínimas de implementación para la planta física de los locales educacionales (MINEDUC 2011), dentro de la que destaca que el área de enseñanza se estableció de 3.2m2 por alumno.
Todos estos marcos de regulación no son fiscalizados y menos son parte de un empuje de política pública consistente. Ya el año 2013 un informe de la Unesco y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) registró datos de 5.529 establecimientos municipales, y aunque en general el informe es benevolente, establece que más de 1.700 tenían daños que comprometían entre el 20% y el 40% de su estructura. Alrededor de un tercio presentaba en esa época riesgos por tener depósitos de gases o líquidos inflamables o dañinos; tener desniveles en el terreno que podrían causar accidentes, más de mil colegios no contaban con suministro constante de agua potable, y al menos 75 de ellos no contaba con baños básicos.
Tal vez lo más decidor de este tema es que la última gran discusión que tuvimos al respecto fue el año 2018, época en que el Ministro de Educación de ese entonces, Gerardo Varela, cerró el debate con un “¿Por qué no hacen un bingo?”.
Junto a lo anterior, tenemos grandes problemas para la investigación en educación. El primero es principalmente interno, es decir, buena parte de las investigaciones del campo son poco concluyentes o, tal vez, demasiado poco concluyentes. Por ejemplo, cuando se habla de brechas educativas y se calcula el impacto catastrófico, se sustentan en investigaciones que sostienen que tener oportunidades para desarrollar redes sociales y conexiones tiene un impacto positivo en los resultados de aprendizaje de los estudiantes (Sawir et al., 2008; Trowler, 2010). Este hallazgo ha sido respaldado por estudios que están especialmente interesados en la situación de los nuevos estudiantes (Krause, 2006; Hovdhaugen y Aamodt, 2009) y en estudios sobre estudiantes internacionales (Ramburuth y McCormick, 2001; Grayson, 2008; Kim, 2011) y sus entornos de aprendizaje. Las conclusiones de estos estudios muestran que la falta de oportunidades para construir redes sociales crea una situación en la que los estudiantes se sienten alienados y socialmente aislados: esos sentimientos suelen ser algunas de las razones por las que algunos estudiantes abandonan sus estudios o experimentan una disminución en sus resultados de aprendizaje. En este sentido, los estudios son humildes en establecer que pueden ser razones vinculadas y que, por lo pronto, sabemos poco del comportamiento educativo actual en este tipo de escenario con sistemas educativos masificados. Recordar que pandemias, guerras y/o catástrofes son parte de la historia de nuestras escuelas durante el siglo XX.
El segundo problema de la investigación educativa es externo y tiene como principal escenario el aparato público de administración y diseño educativo. Tanto para el mundo escolar como universitario, se han impuesto una serie de formulaciones educativas con nula o en escasa evidencia concluyente que los y las policy makers han vendido como pan caliente.
Casos, como los estilos de aprendizaje masificados por las Unidades Técnico Pedagógicas, se ha ido sistemáticamente demostrando que no existe (1) ninguna relación positiva significativa entre el estilo de aprendizaje auditivo y la comprensión auditiva, (2) ninguna relación positiva significativa entre el estilo de aprendizaje visual y la comprensión de lectura, y (3) ningún efecto diferencial del estilo de aprendizaje sobre el rendimiento en una escucha en comparación con una prueba de comprensión de lectura. En general, la instrucción coincidente para cumplir con el estilo de aprendizaje auditivo o visual de un estudiante no tuvo ningún efecto en el rendimiento del estudiante (Rogowsky, Calhoun & Talla, 2020).
El aprendizaje activo para la educación superior cuya investigación se sustenta como un problema conocido, dado por sentado o en general tendencia. Además, algunos estudios han visto el aprendizaje activo como una respuesta a las recomendaciones a nivel de políticas o expectativas de la vida laboral más que como propio del proceso educativo (Hartikainen, Rintala, Pylväs & Nokelainen, 2019).
Y finalmente, el contexto ha puesto en mayor relieve la escuela y los cuidados. Los actuales sistemas educativos son producto de complejos procesos históricos y de ideas indexadas en esos procesos. Los diversos movimientos populares del mundo, principalmente socialistas, anarquistas y feministas, llevaron hasta sus últimas consecuencias los principios ilustrados y promovieron la institución educativa como una de hijas más bellas. Durante los últimos 40 años, por derecha y por izquierda, la escuela pública ha sido atacada, con ello solo ha ganado terreno nichos privados de educación y buena parte de los cuidados públicos de nuestra sociedad han sido profundamente deteriorados.
En definitiva, el debate por retornar a clases presenciales debería poner los temas educativos en perspectiva. Nuestras instituciones educativas presenciales son insuficientes desde antes del coronavirus y lo serán más durante su plena expansión. Por este motivo, para dar un paso a paso serio en esta materia, debería implementarse un plan educativo nacional con miras a restituir a la escuela pública como el hogar del pueblo ante una sociedad fragmentada y no repetir los bingos, pero ahora con kit sanitarios.
