Escrita por Adrienne Buller
Traducción: Francisco Larrabe
Las políticas para hacer frente a la crisis climática son cada vez más populares, pero a menos que se vinculen a un modelo diferente de propiedad, no cambiarán el sistema que está matando al planeta.
La semana pasada (a fines de enero), los conservadores nacionalizaron en silencio el alicaído servicio de Northern Rail. Esta era su segunda nacionalización en muchos años. Al mismo tiempo, las promesas de propiedad pública de los servicios claves, desde el agua hasta Wifi, han llegado de parte de cada uno de los competidores por el liderazgo laborista. Visto así sin más, pareciera que la idea de la propiedad pública – piedra angular del Manifiesto del laborismo denigrado durante toda la elección como un plan para ‘llevarnos de vuelta a los años setentas – ha reflotado hasta una posición de consenso mayoritario.
De hecho, las encuestas demuestran la popularidad con que goza la nacionalización en todo el espectro político. Tal como Cat Hobbs, director de We Own It, bien lo señala en su reciente artículo para Tribune, durante la elección prácticamente nadie estaba a favor de la privatización, por lo que el éxito del movimiento laborista y de organizaciones como We Own It en traer de vuelta la propiedad pública a la palestra debería ser celebrado. Sin embargo, la discusión sobre la propiedad aún no está ganada; divisiones significativas respecto a qué debería nacionalizarse y bajo qué términos, aún existen.
Como es de esperar, la visión que tienen los conservadores de la propiedad difiere bastante a la de los laboristas: si bien nacionalizar Northern Rail fue sin duda alguna lo correcto, los conservadores han hecho ver la decisión como un último esfuerzo de contención que se habría evitado idealmente. Y si bien hay un claro consenso entre los candidatos líderes laboristas en la necesidad de hacer pública la propiedad de servicios claves, están divididos en el porqué importa la propiedad. Más que unos medios por hacer frente a la austeridad y mejorar nuestros servicios públicos, las nuevas estructuras de propiedad deben ser entendidas como fundamentales para abordar nuestros más urgentes desafíos sociales al transformar la lógica con que opera la economía. Esto es particularmente cierto en cuanto a la crisis climática.
En el manifiesto Green Industrial Revolution (GIR) del Partido Laborista, la propiedad pública en sectores claves – ferrocarril, energía, agua – está presente de manera enérgica. Sumado a costos más bajos y mejores servicios, el manifiesto efectivamente justificó que eliminar la repartición de utilidades entre los accionistas facilitaría una mayor inversión en, por ejemplo, electrificar el ferrocarril o descarbonizar la matriz energética. Pero lo que la GIR no hizo fue identificar la propiedad pública de esas industrias solo como un elemento de un asalto más amplio a un modelo económico cuya lógica de definición está concentrando riqueza y poder en muy pocas manos, con consecuencias tremendamente devastadoras para los trabajadores y la naturaleza.
Enormes disparidades en la riqueza y el poder, tanto internamente como entre países, proveen el oxígeno que enciende la crisis climática. Quién posee nuestra economía y bajo qué intereses se administra, son elementos fundamentales para entender cómo evitar la profundización de la catástrofe climática. La riqueza y el carbón están intrínsecamente relacionados: el 10% más rico de la población mundial produce más de la mitad de todas las emisiones. Intentar descarbonizar la matriz energética dejando intactas estas desigualdades tan extremas, es una fórmula que da pie al tipo de discusiones que hacen ver a las economías de ingresos bajos y medios como el problema, o que las desvían hacia un neomalthusianismo que insiste en augurar desgracias en los principales medios de comunicación y espacios como el Foro Económico Mundial.
Hacerse cargo de las conexiones entre inequidades de riqueza y poder y la crisis climática es la principal innovación del Nuevo Pacto Verde – y también donde la GIR se queda corta. El Nuevo Pacto Verde es explícito en mencionar nuestro agotado modelo económico como la raíz de la crisis climática, y entrega una visión clara para abordarlo con un nuevo consenso económico. Y aquí la propiedad será medular para el éxito del proyecto.
Un nuevo grado de consenso se ha ganado en el Reino Unido respecto a la propiedad pública de servicios públicos. La tarea ahora es enfrentar el dogma de la privatización al defender cambios en la propiedad que van más allá de nacionalizar ferrocarriles en mal estado. La defensa debe hacerse en nombre de una verdadera economía democrática. Esto implica llevar a cabo el trabajo de integrar la propiedad democrática en comunidades en donde sea posible, ya sea aprendiendo de proyectos como la compañía eléctrica Robin Hood que pertenece a la municipalidad de Nottingham, o construir nuevas ‘Alianzas púbicas’ para revertir el daño a la salud pública causado por políticas como las PPPs y PFIs (1).
También significa garantizar que el movimiento laborista no solo defienda las políticas centrales de GIR como los parques eólicos propiedad de la comunidad costera, sino que continúe defendiendo ideas menos centradas en el clima, como el Fondo de Propiedad Inclusiva (Inclusive Ownershio Fund), que proporciona una estrategia para combatir la devastación que provoca la preponderancia de los accionistas para el medio ambiente y los trabajadores por igual.
Crucialmente no basta con que la propiedad sea pública, también debe ser democrática. Y si vamos a evitar lo peor de la crisis climática, debemos aprovechar el actual momento detrás de la propiedad pública de los servicios públicos y llevar la visión un paso más allá.
No podemos tener éxito con solo reducir el carbono de nuestra sociedad actual. Por el contrario, debemos identificar la crisis en su origen. Esto implica construir una economía sustentable y democrática, una en donde la extracción y el rentismo sea castigado y no premiado, y donde los trabajadores compartan la riqueza que crean en común.
Nota al pie:
(1) La Public-Private Partnership (Alianza Público Privada) es un modelo de financiación para un proyecto de infraestructura pública, como un nuevo sistema de telecomunicaciones, aeropuerto o planta de energía. El socio público está representado por el gobierno a nivel local, estatal y / o nacional. Una Private Finance Initiative (Iniciativa de Financiación Privada) es una forma de financiar proyectos de capital público, como los hospitales del NHS (National Health System, Servicio Nacional de Salud), utilizando fuentes privadas de dinero para pagar los costos iniciales de su diseño, construcción y mantenimiento.
Publicación original:
https://tribunemag.co.uk/2020/02/towards-a-green-democratic-economy
8.2.2020
