El domingo recién pasado Sebastián Piñera anunció el “Plan de Protección para la Clase Media” orientado a – en sus palabras- “llevar ayuda y alivio” a las familias que lo necesiten. Sin embargo, más allá del nombre de la política y de sus intenciones, el plan del Gobierno es consecuente con el trazado de medidas iniciado en la emergencia sanitaria de hacer recaer los costos de la crisis en el pueblo y de asegurar la ganancia de las clases propietarias. Austeridad para los pobres y holgura presupuestaria para los ricos.
El significado del “Alivio” para las/os trabajadoras/es que cumplen determinados requisitos, consiste en la posibilidad de acceder a un crédito blando para cubrir la caída de los ingresos. Y para las/os estudiantes, en la oportunidad de endeudarse a través del Crédito con Aval del Estado. Instrumento que, valga recordar, ha sido el principal aditivo acelerante en la consolidación del mercado privado de la educación superior, así como, por más de una década, fuente de dinero fresco para la banca. La que entre 2006 y 2019 se ha beneficiado de más de $4 billones (millones de millones) de pesos, obtenidos a través de la re-compra (por parte del Estado) del 55,1% de los créditos emitidos con un sobreprecio no despreciable del 25,2% (1).
Es decir, un “salvavida de plomo” para la ya sobre-endeudada clase trabajadora chilena y una generosa transfusión de capital para la banca.
Pero los análisis no pueden agotarse en la dimensión estrictamente económica. Endeudar tiene un significado político. Implica un camino para favorecer y consolidar posiciones de clase. Cuestión que conviene por lo menos repasar y relevar en el debate público atendido el singular contexto chileno.
Más viejo que el hilo negro
Es probable que la institución bicéfala de la deuda – como palanca de acumulación patrimonial de las clases propietarias y de sometimiento económico para la plebe – , sea literalmente más vieja que el hilo negro.
A partir de los registros escriturados disponibles de la Antigua Mesopotamia, estudiosos autorizados como Michael Hudson (2) o David Graeber (3), dan cuenta que ya hacia el 2,400 a.C. era una práctica contractual habitual en los procesos – que hoy podríamos denominar – de “acumulación por despojo”, la concesión de préstamos, por parte de la casta sacerdotal y los mercaderes ricos, a campesinos que se encontraban en aprietos económicos. Contratos sometidos a la condición suspensiva de apropiarse de sus “cosas” – llámese cereales, animales de carga, herramientas, campos, casas, miembros de la familia y en última instancia el propio cuerpo del deudor – en el evento de no ser capaces de cumplir con la obligación contraída.
Lo que en el último caso, para la persona morosa, significaba ser arrojado a una esfera sub-civil, similar a la esclavitud, traducible como “servidumbre por deudas”; consistente en la obligación forzosa de trabajar en la posesiones del prestamista (templos o palacios), pudiendo sólo recobrar la libertad una vez saldadas completamente las deudas. Circunstancias que perfectamente podría no suceder durante toda la vida del moroso, y que, tal como muestran los registros, forzó a muchas familias a escapar y posteriormente unirse a bandas seminómadas dedicadas al saqueo en los “desérticos márgenes de la civilización”.
Buscando una muestra no tan lejana, en la joven república de Chile, el explosivo aumento patrimonial de la clase terrateniente durante el siglo XIX y parte del XX, representado en la adquisición masiva de haciendas, construcción de edificios fastuosos e importación de bienes suntuarios, no ocurrió precisamente gracias a la laboriosidad y espíritu pionero de las élites. Una de las explicaciones, que se suma a los “procesos de pacificación” al sur del Biobío, descansa en el “elocuente episodio” – como calificara Aníbal Pinto Santa Cruz (4)- iniciado en 1860 con la creación de la primera institución fiscal de crédito en Chile: la llamada Caja de Crédito Hipotecario (antecedente del Banco Estado). Entidad que durante décadas fue sistemáticamente abusada y defraudada legalmente – por parte de los terratenientes – al hacer uso de manera “creativa” del sistema créditos, importando en la práctica verdaderas donaciones en beneficio de los hacendados (5).
Misma “clase derrochadora, ostentosa y sin aliento de empresario” – describe Pinto -, que en 1886, representada en el Congreso por diputados liberales como Juan Nepomuceno Parga Salgado, se opusiera enérgicamente a las todavía tímidas políticas universales en materia de salud pública – como el proyecto de ley de vacunación obligatoria – bajo el argumento que representarían “formas de intromisión del Estado en el individuo-patrón, en su propiedad” (6) la que por supuesto comprendía, entre otras “cosas”, los cuerpos de sus trabajadores y de sus familias.
Idéntica secuencia de “expoliación financiera” se impondrá a mediados del siglo XIX en el Norte Grande a través de créditos usureros de prestamistas y habilitadores (7). Y ya entrado el siglo XX, en minas y campos el ya más conocido “sistema de pago en fichas que obligará a los trabajadores y campesinos a adquirir sus productos en la pulpería de propiedad del dueño de la mina, lo que también generaba deudas que impedían la movilidad” (8).
Y podríamos seguir narrando y actualizando el patrón, describiendo el lugar que le cupo al uso y abuso de la institución crediticia en la gran reestructuración y reconcentración de poder económico y social, habilitada por la violación masiva de derechos humanos, desde 1973 en adelante. Historia que, cuando nos detenemos en la debacle económico-financiera de 1982, también explica los disolutos orígenes de los actuales grandes patrimonios que controlan el país, incluyendo, por supuesto, el del “primer mandatario”.
Relato que en su anverso da cuenta también de la expulsión del pueblo en la disputa de un proyecto de sociedad dentro del Estado y de su confinamiento a la esfera sub-civil de la vida precarizada, el endeudamiento crónico y el hiper-consumo como principal “pegamento” de integración social: es decir, a los desérticos parajes de la servidumbre por deuda contemporáneas.
El miedo de los gobernantes.
Las medidas económicas del gobierno para enfrentar la pandemia, tanto las recientemente anunciadas como las contenidas en el Acuerdo Nacional insisten en el patrón histórico y de la mayoría de los países del continente, de hacer recaer los costos de la crisis en el pueblo y de asegurar la ganancia de las clases propietarias.
Lo novedoso para el caso chileno es que todas estas medidas se anuncian y ejecutan a meses del hecho político más importante de nuestra historia reciente: la apertura de un ciclo de impugnación a partir de la irrupción masiva del pueblo en el espacio público amenazando con poner fin al insufrible episodio neoliberal.
El pueblo vuelve a inspirarle miedo a los gobernantes: a los formales y los de facto. Miedo que se expresa en el inoficioso despliegue de militares en la calle, en los contenidos de la agenda de “modernización” de las policías, en el pronunciamiento de los rasgos autoritarios del repertorio presidencialista y en las insistentes y erráticas amenazas de veto a proyectos de ley. Miedo que también se nota en la mediatizada lucha entre las “derechas políticas”, cuando una, pareciendo mostrar mayor instinto de supervivencia, intenta ponerle riendas a la desbocada carrera de los liberales y ultramontanos. Todo indica, y los anuncios de ayer lo refuerzan, que Piñera tomó la opción de la huída hacia adelante.
Declaración de libertad.
De las violentas luchas plebeyas en Sumeria surgieron las primera “condonaciones masivas de deuda” (cuya existencia conocemos por registros en arcilla que datan aproximadamente del año 2300 a.C.). Las primeras registradas en la historia de la humanidad con el nombre de Ama-gi (o declaración de libertad). Palabra considerada como la primera expresión escriturada de la idea de libertad y que literalmente significaba “volver a la madre” pues – como señala Graeber- “se trataba de lo que los peones liberados finalmente podían hacer” una vez recuperada su libertad.
La historia del pueblo de Chile en su lucha por alcanzar su libertad política o republicana, es decir, para vivir sin tener que pedir permiso a nadie para subsistir, comenzó un nuevo capítulo en octubre que está lejos de cerrarse más allá de todos los intentos por desactivarlo y confinar al pueblo fuera de la política y atado a la soga del endeudamiento. No sabemos el desenlace. Lo único que queda claro el pueblo no le ha puesto fin al ciclo iniciado y que los gobernantes y propietarios ya tomaron un nuevo camino de servidumbre.
Referencias:
- Fundación Sol: “CAE 2020: Endeudar para Gobernar y Mercantilizar” (2020)
- Michael Hudson: “…And forgive them their debts” (2018).
- David Graeber: “En deuda: Una historia alternativa de la economía” (2012).
- Aníbal Pinto Santa Cruz: “Chile: Un caso de desarrollo frustrado” (1959).
- Jean Borde y Mario Góngora: “Evolución de la propiedad rural en el Valle del Pungue” (1956).
- María Angélica Illanes: “En el nombre del pueblo, del estado y de la ciencia. Historia social de la salud pública, Chile 1880 – 1973” (2010).
- Mario Garcés: “Crisis social y motines populares en el 1900” (2003). Patricio Meller: “Un siglo de economía política chilena (1890-1990)” (1996).
- María Angélica Illanes: “Chile des-centrado : formación socio-cultural republicana y transición capitalista 1810-1910” (2003); Luis Alberto Romero “¿Qué hacer con los pobres? Elite y sectores populares” (1997); Gabriel Salazar: “Historia de la acumulación capitalista en Chile” (2003).
