El conflicto social ha sido, históricamente en Chile y el mundo, el que ha presionado hacia nuevos espacios de democratización. La democratización, en este sentido, no se ha dado de manera mecánica, ni por la buena voluntad del poder, sino por la presión ejercida por las personas marginadas, invisibilizadas u oprimidas, que logran en un momento tomar fuerzas, detenerse y hacernos avanzar a todas.
En Europa, según señalara el sociólogo sueco Göran Theborn (1977), fue el contexto internacional de postguerra, de amenaza a la unidad nacional, así como de crisis económica del capitalismo liberal, y su respuesta por la vía de la revolución bolchevique, los que presionaron hacia responder a la demanda obrera, no ya desde la criminalización, sino enfatizando en las necesidades reales de la población y haciendo énfasis en la igualdad, la inclusión, el empoderamiento y el “reconocimiento” de cada ser humano como sujeto y sujeta de derecho.
Sin ir más lejos, el Estado Benefactor original, es consecuencia del temor a la radicalización del movimiento de trabadores. Más atrás en el tiempo, la revolución francesa y el contingente de fuerzas que irrumpe en el espacio social del antiguo régimen -entre las que también se encontraban los “radicales” demócratas, y los liberales burgueses- fue el que empujó hacia el fin de la monarquía, no una vez, sino dos y tres veces, ante cada reacción conservadora.
En Chile, por su parte, es el conflicto social también el que ha traído adelante mayor democratización. Y si bien, esto es lamentable, pues las mayores consecuencias no las pagan los que intentan mantener el statu quo, una y otra vez vuelve a aparecer la necesidad, desde los sectores invisibilizados, oprimidos y ocultos, de hacer valer sus demandas, con todas las fuerzas que su condición les permite, desafiando a los que tienen la fuerza, y que no han querido o sabido crear canales de transformación que permitan el cambio de manera “pacífica”.
En Chile una situación como la que estamos viviendo hoy surgió también a partir de la “cuestión social” o “cuestión obrera, que tuvo como preludio en 1890, la primera huelga general en Chile y Latinoamérica. La crisis a la que sucedió esta huelga será negada recurrentemente por la clase política en el poder y la oligarquía, inclusive cuando la propia Iglesia Católica había reconocido ya, en la encíclica Rerum Novarum de 1891, la necesidad de cambiar la retórica y las relaciones sociales introducidas por el capitalismo industrial y liberal, que pasaban por alto la “responsabilidad” patriarcal que asumía la hacienda.
Fue así como el auge de la movilización y de la organización social durante las primeras dos décadas del siglo XX, la lenta organización y demanda obrera, las huelgas del hambre en 1918 y 1919, la organización de la Asociación Obrera de Alimentación Nacional (que demandó la creación de las ferias libres que tenemos hoy), el movimiento feminista que surgirá en la clase trabajadora a finales del 1800, el movimiento Claridad de la Federación de Estudiantes de Chile (el que inició la reforma universitaria exigiendo una universidad de pensamiento libre y una educación dirigida al pueblo) y en 1925 la Asamblea Constituyente de Asalariados e Intelectuales (que finalmente fue desestimada por “El León” Arturo Alessandri), obligaron a la élite política a reconocer que podía perderlo todo en esta refriega.
Fue esta creciente demanda lo que llevó a esta clase a salvar el capitalismo de los propios capitalistas, así como hoy, es el propio capitalismo el que se auto restringe a duras penas, levantando conceptos de desarrollo sustentable, responsabilidad social y “nuevo trato”, como si las demandas se trataran solo de tener espacios de trabajo más “livianos” donde, el reconocimiento pasa por regalar el pedazo de pastel que nos queda.
Es, en estos momentos, donde el liberalismo económico de monopolio y libertarianismo más exacerbado se muestra en su máxima expresión antidemocrática y apela a la libertad de “proteger sus espacios de protección” de la masa ignorante que busca quitarle sus privilegios, instalando la lógica más prístina del Estado Policial autoritario, en el que, ¡oh sorpresa! prima la ley del más fuerte.
Sin embargo, la igualdad ¡y la libertad! no se regalan, ni se entregan como caridad, sino que se demandan, tristemente, a través de la lucha en una desigual contienda. La igualdad y la libertad son un reconocimiento intrínseco de que todas las personas requerimos de los mismos derechos, recursos y reconocimiento de nuestras desigualdades y solo con ello una sociedad puede aducirse justa. Hoy es el pueblo el que reclama un Estado ya no al servicio de la clase oligárquica y de los políticos que se han acomodado a su haber (¡incluidos varios sociólogos que mal utilizan el conocimiento crítico!), sino un Estado que actúe en favor de las necesidades más básicas del pueblo. Que actúe en favor de la garantía real de derechos, que hoy pasan por “secretaría jurídica” para ser defendidos del abuso de los poderosos.
El pueblo reclama una Constitución que le otorgue al Estado el rol que debe tener de mediador del bien común, y no este engendro creado en dictadura que vuelve a la institución estatal incapaz de resolver el rol político encomendado por su población soberana.
Es cierto que la conformación de espacios democráticos tampoco estará exenta de conflictos, pero el primer paso es reconocer la necesidad de reconstituir el tejido social destruido por el temor y la desconfianza, y avanzar hacia la recuperación de lo público, como espacio abierto en el cual todas y todos tenemos los mismos derechos y adecuado a las necesidades específicas de cada cual.
Donde el experimento neoliberal refrendó la desconfianza y la competencia, bajo la lógica de la frustración y el autocastigo personal, el couching y la precarización de la vida ¡pero con estilo!: coworking, coliving y la falsa economía cooperativa de airbnb, uber y rappi, hoy la calle demanda el encuentro, la dignidad y el reconocimiento de las y los marginados. Rechaza la usura de los créditos de todo tipo (¡economía popular de la multitud!) y ataca los símbolos de aquellos que, criminalmente se han coludido, afectando al pueblo. Hoy ha surgido un creciente reclamo que demanda el no sometimiento de nuestra humanidad a la compra y venta en el mercado. El “doble movimiento” se exhibe hoy en su máximo esplendor y exige la protección y la recuperación de las relaciones sociales dislocadas por el mercado.
El liberalismo de mercado, que todo lo transforma en mercancía, ha sido incapaz de leer el malestar colectivo ¡y no porque no existieran evidencias!… aún más, ha sido incapaz de dar soluciones a las demandas y necesidades que, por largos años, han mostrado una población carenciada y excedida de todas las formas posibles.
Los gobiernos de las últimas décadas se han hartado hablando de la nueva clase media como evidencia del desarrollo neoliberal, separando lo que, hoy día, la acción colectiva ha logrado reunir en un mismo clamor. Y Piñera, cómo figura propia de su clase, ha transformado en guerra real el malestar del pueblo que vive la guerra del día a día.
Un sistema político democrático no puede quedarse calmo con la nula representatividad que hoy evidencia, ni con la falta de participación de los sectores de menores ingresos de la población, pues quien no participa no es porque no le interesa, sino porque ha perdido confianza en los beneficios que trae la acción política.
Sin duda, este movimiento inorgánico no tiene elementos ideológicos claros… la clase en sí se constituye en clase para sí a través de un largo proceso de reconocimiento de sus condiciones materiales de vida; y ha sido el Chile de Octubre, el que ha caído en cuenta de su masiva condición carenciada. Es el Chile de Octubre que repentinamente se ha mirado a la cara, ha dicho basta y ha echado a andar.
